Este martes, la Mesa Acción por el Aborto y Fondo Alquimia, en alianza con organizaciones territoriales de distintas regiones del país, presentaron por segunda vez el monitoreo ejecutado durante los meses de julio y octubre del año 2020 sobre la implementación de la ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (en tres causales). Esta vez, en contexto de la crisis sanitaria producida por el coronavirus.
Con la presentación de Gloria Maira, coordinadora de mesa de Acción por el Aborto en Chile, Karina Sepúlveda, de Colectiva Madre Nativa, en representación de las organizaciones regionales de monitoreo y el acompañamiento de Francisca Crispi, presidenta del Colegio Médico Metropolitano, dieron a conocer el informe que reveló preocupantes cifras sobre la salud reproductiva de las mujeres durante la pandemia.
El proceso del monitoreo
El monitoreo se enfoca en las preguntas: ¿Qué sucede con la atención en la salud sexual y reproductiva, y el acceso al aborto legal en tiempos de coronavirus? ¿Cómo ha impactado la pandemia en las atenciones de salud sexual reproductiva (SSR)? ¿Se ha garantizado el acceso a la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE)?
Todo fue presentado bajo una perspectiva interseccional particular de acuerdo con la pertenencia a pueblo originario o afro, habitar el mundo rural, tener la condición de migrante, ser lesbiana, persona trans, o vivir con alguna discapacidad.
Resultados del estudio
Tanto en nivel nacional como internacionalmente, las evidencias muestran que en momentos de catástrofe, la salud sexual y reproductiva y el acceso al aborto legal quedan relegados frente a la atención de emergencia. De esta forma, impactan incluso de manera permanente la vida de las mujeres y de las identidades sexuales y de género.
El monitoreo también indica que en este periodo se desfigura el rol de la atención primaria. Se evidencian las debilidades en materia de recursos en personal técnico y profesional, infraestructura y de equipamiento, frente a las necesidades del 80% de la población que utiliza la red asistencial pública. De esta forma, se señala que las precariedades del sistema público son una de las tantas muestras de la profunda desigualdad en Chile.
Interrupción voluntaria del embarazo
La pandemia y la falta de personal impactaron negativamente al acceso de la IVE, con cifras que demuestran que durante estas fechas el número de casos en 2020 fue 22% menor al atendido en 2019. En el monitoreo acusan que desde el comienzo de la crisis sanitaria, el Ministerio de Salud nunca dio instrucciones en torno a la ley ni se informó cómo proceder en caso de PCR positivo con sintomatología.
Las mujeres y personas con capacidad de gestar, de manera significativa, desconocen que tienen el derecho a interrumpir un embarazo en las causales legalizadas.
El monitoreo arroja que aún no se solucionan los problemas que se hallaron en 2019: la falta de información a las usuarias, la escasa capacitación e información al personal -situaciones que afectan principalmente a la atención primaria- y los altos índices de objeción de conciencia que se registran en los hospitales, particularmente en torno a la tercera causal.
El hecho concreto es que las mujeres y personas con capacidad de gestar, de manera significativa, desconocen que tienen el derecho a interrumpir un embarazo en las causales legalizadas. Asimismo, no saben que esa interrupción debe hacerse de manera expedita, sin afectar su dignidad y derecho a decisión.
Desde la Mesa Acción por el Aborto en Chile se critica la mala estrategia comunicacional del Gobierno en tiempos de pandemia, pues no existen campañas para informar sobre sus derechos a las mujeres o personas con capacidad de gestar. Tampoco hay capacitación al personal de atención primaria, lo que potencia negativamente el no acceso a la interrupción voluntaria del embarazo.
Salud sexual y reproductiva
La pandemia agudizó el déficit de la atención primaria de salud sexual y reproductiva, que ya se encontraba en una mala situación desde antes de la crisis sanitaria. Esto influye en que las mujeres o personas con capacidad de gestar deban buscar por sus propios medios soluciones en esta materia, a través de internet o de organizaciones feministas.
Créditos: Freepik
Los déficits previos a la crisis sanitaria se agudizaron debido a la discontinuidad en las atenciones, la indicación de no ir a un establecimiento de salud salvo en situaciones de emergencia o sospecha de covid, así como el temor al contagio de las propias mujeres que evitaron acercarse a los consultorios.
La pandemia provocó retrasos en las atenciones y desinformación de la población. “La maternidad aumentó de manera importante. Los controles de todo tipo de salud sexual y reproductiva disminuyeron. Los exámenes preventivos como mamografías y PAP cayeron en un 57% en comparación al 2019. Todas estas serán mujeres que serán diagnosticadas muy tarde de neoplasias o cánceres y que verán perjudicada su salud porque no supimos cómo mantener la prestación de atención primaria”, señaló Francisca Crispi, presidenta del Colegio Médico Metropolitano.
Fuera de la Región Metropolitana
Un grupo particularmente afectado es el de adolescentes y jóvenes. Cerradas las escuelas, los internados y los espacios amigables en la red de salud, faltaron estrategias para mantener el contacto y la información con esta población. Se ven consecuencias en su salud sexual y reproductiva, en violencia sexual y en embarazos no deseados.
En regiones extremas del país, los embarazos a causa de violaciones han aumentado.
Karina Sepúlveda, de Colectiva Madre Nativa, da cuenta que en lugares como Ovalle y Chiloé se han dado término a embarazos producidos por violaciones y no se están realizando las denuncias que corresponden (según cifras de años anteriores), por lo que los registros de violencia sexual disminuyan.
“La mujeres vivimos constantemente con el temor al ‘qué dirán’ y preferimos callar antes de cargar con este estigma social de decidir abortar. Esto es un problema que se tiene que enfrentar, sobre todo sosteniendo que si el aborto es una prestación de salud pública, también debe garantizar el procedimiento, que sea acorde a nuestras necesidades”, comentó Karina Sepúlveda, respecto a la disminución de registros de violencia sexual.
Créditos: El País
Durante la pandemia, en las zonas rurales y aisladas la postergación de la atención fue mayor, sobre todo donde la única opción es acercarse al único hospital regional. Tanto los territorios monitoreados de la zona norte y sur presentaron dificultades de conectividad durante la pandemia, y hubo personas que quedaron sin acceso a la atención.
Las niñas, adolescentes y mujeres sienten una gran necesidad de información sobre métodos anticonceptivos, las cuales viven aisladas, perdiendo todo tipo de red de apoyo durante la pandemia, sobre todo en pueblos del altiplano, la zona norte y la zona sur del país. Zonas donde la Ley IVE no es difundida ni conocida por la población.
En la conferencia de la presentación del segundo monitoreo, se hizo un llamado al gobierno que difunda esta ley y se implemente con perspectiva antirracista y cultural. Según las organizaciones asistentes, el sistema de salud debe atender las características territoriales y las diversidades de identidades que hay en el país.
“Este informe nos muestra la necesidad de un sistema de salud que sea universal y solidario. Esa es la pelea que debemos dar en este proceso constituyente. Las mujeres hoy son las más excluidas por el sistema segregado y esto debe ser una lucha feminista“, finalizó Francisca Crispi.
Foto principal sobre salud sexual y reproductiva en pandemia: Wikimedia Commons
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